Insania y Curatela - Cuestiones procesales en la Provincia de Buenos Aires

INSANIA Y CURATELA – ASPECTOS PRÁCTICO-PROCESALES EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Por OCTAVIO CAVALLI
Abogado


El procedimiento para la tramitación de la declaración de insania y posterior discernimiento de Curatela se encuentra regulado en el código ritual entre los artículos 618 y 630. Este trabajo no pretende ser una revelación doctrinaria ni un análisis pormenorizado de los aspectos de fondo que este instituto del Derecho Civil implica, sino una serie de comentarios y situaciones que hacen al expediente en sí mismo y al modo de llevarlo adelante.
Desde la petición liminar, con los requisitos de iniciación (enunciación de los hechos en que se funde, acompañando dos certificados médicos con su diagnóstico, y demás prueba documental) pueden darse en los futuros despachos o resoluciones, pedidos que (observando cuidadosamente el código procesal) siguen fielmente los pasos de la normativa de forma.

EL CERTIFICADO DE ACTUACIONES EN TRÁMITE.
En algunos casos, los peticionantes dan curso al pedido de insania a los fines de obtener (en el marco del expediente judicial) un certificado de actuaciones en trámite. Este certificado es un requerimiento de entes municipales o nacionales que, contra exhibición o entrega, otorga a los causantes un beneficio derivado del sistema de Seguridad Social (por ejemplo una pensión por incapacidad). Dada esta circunstancia, el peticionante (generalmente un progenitor o familiar a cargo debidamente documentado en la prueba instrumental aportada desde el inicio) sólo activa el procedimiento y mediante escrito, solicita un certificado de que el juicio de insania está en curso. Desde aquí dependerá el criterio del Tribunal (o ya un Juzgado entrada en vigencia la ley 13.634 con las reformas introducidas por la 13.645) que la certificación se emita directamente por Secretaría, o bien que el profesional deba confeccionar el instrumento para que a su posterior confronte se haga entrega (bajo nota en la foja pertinente) al interesado de dicho certificado.

INFORME DE REINCIDENCIA Y ANTECEDENTES PENALES.
Si la intención del proceso es continuarlo hasta la sentencia que declara la incapacidad y resuelve el discernimiento de la Curatela, conviene apuntar algunos pasos que, de ser prolijamente seguidos, agilizan los tiempos.
Recuérdese que este tipo de juicio requiere la intervención de Asesoría de Incapaces, por lo que las vistas y traslados serán obligatorios y estos actos procesales (y otros que iremos viendo) son los que en definitiva generarán una extensión o demora jurisdiccionalmente necesaria.
En el juicio de insania es un requisito la presentación de certificado de antecedentes penales o reincidencia respecto del peticionante (éste será el Curador definitivo). Por ende, suele aconsejarse acompañar con la iniciación dicha información y que ésta sea de una fecha lo más reciente posible a la apertura. Aunque parezca sobreabundante, el escrito liminar merecería un apartado especial, como ser “III: CERTIFICADO DE REINCIDENCIA O ANTECEDENTES PENALES”.
Si este informe no se presentara al comienzo, el Juzgado librará oficio al Registro Nacional de Reincidencia a los fines de que informe posibles antecedentes penales del peticionante. Consecuentemente, el abogado tendrá que confeccionar un oficio, dejarlo para su confronte, entregarlo en el Registro (o sus delegaciones) con el recaudo de que le sellen una copia y comunicar el diligenciamiento al Juzgado, esperar a su contestación, etc. En fin, una serie de trámites que bien pueden ser previstos a la hora de iniciar las actuaciones y de este modo ahorrar tiempo en los requisitos del proceso que pueden ser cumplidos “a priori”.

EL CURADOR PROVISORIO.
Por imperativo del artículo 620 inciso 1º, si el peticionante no lo previó en la demanda, el primer despacho contendrá la previsión del “curador provisional”, cuya intervención cesará cuando se discierna la curatela definitiva, y actuará como defensor del patrimonio del causante (el presunto insano). Ese artículo dispone que su figura recaerá en un “abogado de la matrícula”. Por lo general, quienes promueven este tipo de procesos, intentarán reducir sus recursos para evitar la generación de mayores costas. El abogado de la matrícula que aborde la función de “curador provisorio” conllevará a la regulación de honorarios, por lo que el art. 622 cubrió la posibilidad de que el causante o el peticionante careciere de recursos.
Así, supongamos que el letrado que patrocine al peticionante sea particular. Es dable suponer que su actuación devengará honorarios, ya sea porque así lo estableció con su cliente, ya sea por la regulación judicial que se efectúe. En estos casos, también desde el escrito liminar, es aconsejable adelantarse al primer despacho sobre la cuestión del curador provisorio, y propiciar la designación de un defensor oficial, tal como lo estatuye el art. 622.
Para ello sólo basta apuntar como un apartado en la demanda que dada la insuficiencia de bienes para responder a honorarios por la labor de un abogado particular en la función de curador provisorio, se solicita la designación de un defensor oficial. El artículo mencionado dice que tal circunstancia “se probará sumariamente”. Es decir, se incluye dicha situación en el inicio y se acompañarán las declaraciones (generalmente de tres personas) en hojas separadas, como un interrogatorio testimonial (con las preguntas y las respuestas) firmando los testigos al pie de página. El contenido de las declaraciones, como se dijo, debe tender a comunicarle al Juez la situación de escasez patrimonial del causante. En el punto del escrito inicial atinente a la designación de curador provisorio por defensor oficial, se solicitará que se llame a primera audiencia a las personas ofrecidas para ratificar los dichos y reconocer por acta la firma de las declaraciones acompañadas. Se consignarán los datos de estas personas de la misma manera en que se ofrece la prueba testimonial en cualquier proceso. Se las citará personalmente o por cédula a comparecer. El control del expediente en este aspecto será sencillo y rápido, ya que ante la resolución que llama a los deponentes el abogado o el cliente hará llegar al Juzgado a los testigos (si es posible todos en el mismo momento) a dar por reconocida la acreditación sumaria. Claro está, siempre y cuando las actuaciones no se encuentren en pase a Asesoría para una vista, o a despacho.
Una vez proveída la acreditación sumaria, si el Juzgado no lo hace de oficio, es imprescindible solicitar el traslado a Defensoría que por turno corresponda a los fines de que el “curador provisorio” oficial acepte el cargo. Nótese que si la acreditación sumaria no está debidamente finiquitada, pero se pide designación de defensor oficial, éste devolverá las actuaciones “teniendo presente” la vista conferida, solicitando nuevo traslado a los efectos de aceptar el cargo.

EL ART. 398 DEL CÓDIGO CIVIL.
Otra cuestión que merece ser incluida desde el inicio para evitar “previos” y agilizar el proceso es la manifestación de no encontrarse el peticionante alcanzado por los impedimentos del art. 398 del Código Civil. Estos impedimentos, si bien se encuentran dentro de las disposiciones de la “tutela” son asimilables por remisión del mismo código en la regulación de la “curatela”. También se le dedicará en el liminar un título aparte, y aunque sobreabundante pero a los fines de una prolija presentación, se lo mencionará en el petitorio: “se me tenga por no alcanzados los impedimentos del art. 398 del Código Civil”.

INHIBICIÓN GENERAL DE BIENES.
El primer despacho decretará la inhibición de general de bienes del causante, para cuyo fin se librará oficio al Registro de la Propiedad Inmueble. Este ítem del proceso es inherente a él y no hay otra posibilidad que esperar su resolución. Si bien el Juez y sólo él conoce el derecho, es una fórmula agregar como punto de la demanda (y también en el petitorio) el decreto de la medida cautelar.
Sólo restará la confección del oficio, su confronte, el retiro y diligenciamiento, y la ulterior comunicación de la traba al expediente mediante un escrito acompañando el oficio y folio de seguridad con la toma de razón del Registro.
Una vez presentados, deberá notificarse al causante.

LAS NOTIFICACIONES AL CAUSANTE Y AL PETICIONANTE.
Tanto el despacho de apertura de actuaciones como el que tiene presente la traba de la medida cautelar ordenan su notificación al causante. A su vez, el primer despacho que tiene por abierto el juicio de insania manda a notificar al peticionante, “en sus domicilios reales”.
Las notificaciones merecen un capítulo aparte porque a veces esto puede llevar a confusión o un error en el proceder ya sea del abogado, o incluso del mismo oficial notificador.
Vamos por partes.
La tarea parece sencilla: el abogado toma nota del despacho para confeccionar las cédulas. Las deja a confronte en el Juzgado y (si pertenecen al mismo departamento judicial será éste quien las diligencie mediante la Oficina de Mandamientos y Notificaciones departamental). De lo contrario, será un trámite que deberá llevar a cabo el abogado ya sea dirigiéndose personalmente a la Oficina que por localidad corresponda (ejemplo: el juicio tramita en Morón por el domicilio del causante, pero éste vive en Merlo), o derivando la diligencia a una gestoría.
Si el lector siguió hasta aquí claramente este pequeño apartado retendrá la información para permitirme un paréntesis y hacer mención a la acordada 3397 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y que reglamenta (entre otras cosas) el funcionamiento de las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones de la Provincia y los diligenciamientos de instrumentos (cédulas, mandamientos, oficios, etc.).
El artículo 195 de la acordada reza textualmente: “Las resoluciones dictadas conforme lo preceptuado por el artículo 620 inciso 3 del CPCC (estas son las que hacen a la designación y dictamen de los tres médicos psiquiatras o legistas que informan sobre el estado actual de las facultades mentales del presunto insano) deberán notificarse personalmente al presunto insano identificándolo, siempre con documento y firma o impresión digital, si fuere posible. Si el presunto insano no puede identificarse, se identificará a la persona que individualice al requerido y se entregará el duplicado a aquél, quien deberá firmar el acta. En caso de negativa se requerirá la presencia de un testigo a tal efecto. Las autoridades de las instituciones públicas o privadas, donde se hallan internadas o alojadas las personas a notificar, deberán facilitarle al Oficial Notificador el acceso al lugar donde se encuentre”.
Hasta aquí el artículo previó la notificación para cualquiera de los casos posibles en que el presunto insano se encuentre o no internado.
Este recaudo de la notificación personal (sea en domicilio real porque no hay internación, o donde “se encuentre el causante” porque sí la hay) también suele dejarse asentado en el despacho que ordena la diligencia.
Si ocurre como en ciertos casos, donde el causante está al cuidado de sus progenitores o familiares, y lleva una vida doméstica objetivamente tradicional, el encargado de la diligencia de notificación informará en el reverso de la cédula a quién dejó los instrumentos. Normalmente si el peticionante es el padre o la madre del causante, éste recibirá las dos cédulas. Este acto puede traer problemas de agilidad en el expediente.
¿Por qué? Por la sencilla razón de que la notificación al causante debe ser hecha a él, y sólo a él. Parecería ilógico que si su progenitor (en caso que el presunto insano sea menor de edad) es su representante necesario, no pueda recibir la notificación por él. Ya en este supuesto, entrará en juego la labor del responsable de la diligencia (el oficial notificador) porque en definitiva, es a él a quien va dirigida la norma de la acordada 3397. Ésta prevé varios casos. Si el causante no se encuentra en el domicilio al momento de la notificación, el oficial tiene la facultad de devolver informada la cédula, o tomar los recaudos de entregarla al peticionante o progenitor (o si el causante no puede identificarse) dejando debida constancia en el acta, individualizando a quien la recibe. De cualquier manera, la acordada también prescribe la posibilidad de que el presunto insano se identifique mediante la impresión dígito pulgar en el reverso de la cédula, y dada la naturaleza de instrumento público del informe que hace el oficial notificador, éste hace plena prueba por sí mismo de la recepción de la cédula.
Otra vez, y por razones de practicidad y celeridad procesal, puede realizarse en forma personal la notificación, el peticionante y el causante, mediante anotación en el expediente o acta labrada por Secretaría, con impresión del dígito pulgar respecto del segundo.
Este comentario tiene su fundamento en un caso concreto, en que el Tribunal de Familia Nº 3 del departamento judicial de Morón, en autos “F. P. S/ Insania y Curatela” dio por inválida la notificación por cédula, en la que se comunicaba al causante el inicio del proceso y su apertura a prueba. La cédula fue recibida por el peticionante y así se dejó constancia en el instrumento. Ante la subsiguiente presentación de escritos, el proceso se vio interrumpido de algunos pasos por el incumplimiento del despacho que dice “notifíquese al causante personalmente en su domicilio real”.
Se puede ensayar alguna leve crítica a esta cuestión:
Primero: si el oficial (cosa que no es posible saber o comprobar) leyó el contenido de la cédula tiene que tomar el recaudo de cumplir con la entrega al concreto sujeto a quien va dirigida luego del encabezado (y por si quedan dudas, la trascripción del proveído lo reza en forma expresa). Se descarta que el Oficial conoce (o debería conocer) en detalle la acordada que puntualiza el diligenciamiento en el marco de este proceso especial.
Segundo: El Tribunal resolvió en forma expresa el destino de la notificación: “personalmente al causante en su domicilio real”. Por ende, de una cuidadosa lectura y seguimiento de las fojas del expediente (y esto incluye los informes de las notificaciones) quien despache el escrito que acompaña las cédulas diligenciadas no debería limitarse a un “agréguese y téngase presente”. Debe advertir la irregularidad de la notificación, dar al causante por no notificado y (de oficio y siguiendo las facultades ordenatorias e instructorias que le marca el CPCC) mandar un nuevo libramiento insistiendo en la específica entrega al causante.
Sin intenciones de sobreabundar, todo este análisis tiende a mostrar las contingencias con que el letrado se puede encontrar. Por lo que es recomendable, entonces y según el caso, cumplimentar este acto de notificación en forma personal para dar un curso más ágil al juicio.

En resumen, con un detallado y prolijo inicio, donde se acompañen las informaciones sumarias de los testigos y se pida su llamado a ratificar sus dichos, se logrará un instantáneo pase (previa vista a Asesoría) al Defensor Oficial a los fines de que acepte el cargo de curador provisorio.
Acompañando un certificado de reincidencia y antecedentes penales actualizado se evita la demora de gestionarlo por oficio.
Notificando en forma personal al causante y peticionante de la apertura a prueba y al causante de la traba de inhibición general de bienes se logra una agilidad mayor al curso del proceso y sus pasos siguientes.
Denunciando desde el escrito inicial no estar comprendido entre las incompatibilidades del art. 398 del Código Civil para ser Curador (definitivo) se evita un despacho previo que solicite su manifestación.
De esta manera y con estos recaudos, de los únicos tiempos que dependerán los actuados serán los normales de vistas y traslados a Asesoría de Incapaces y al Curador Provisorio designado, y por supuesto la contestación de la planilla de capacidad en la que el Registro de Juicios Universales informa la existencia o inexistencia de un proceso similar iniciado respecto del presunto insano. Como último tramo anterior a la sentencia que declara la insania y consecuente discernimiento de la Curatela, será el que implica el examen y dictamen de médicos psiquiatras (por lo general son los psiquiatras de los Tribunales o Juzgados departamentales y en algunos casos actúan previo sorteo). En esto sí, lamentablemente, el tiempo dependerá de la disponibilidad de citaciones próximas de cada Juzgado (o mejor dicho, de cada psiquiatra), ya que para tal examen el causante es citado por la dependencia y los médicos toman contacto “in visu” con él.
Luego, cuando el expediente queda concluido para sentencia, dictada ésta, resta su registro, la comunicación al Estado Civil y de Capacidad de Las Personas y al Registro de Juicios Universales, y la confección del testimonio del acta en la cual el peticionante acepta y toma el cargo de Curador, cesando así la intervención del Defensor Oficial.

Estas páginas, en definitiva, no garantizan un rapidísimo proceso con tiempos reducidos, sino que pueden lograr de forma exitosa que un proceso voluntario como este no se vea demorado y prolongado por aspectos prácticos o procesales desprolijos, o por no estar previstos en la demanda.
Por ello la conveniencia de un planteo inicial lo más completo posible y con una clara enumeración en el petitorio de los puntos tratados en este trabajo darán un tanto más de agilidad al Juicio de Insania y Curatela.