MEDIACIÓN PENAL

MEDIACIÓN PENAL EN LA ACTUALIDAD (Aspectos relevantes, su aplicación fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires)

Por el Dr. Martín Horacio Fontanella
(en colaboración con el Dr. Octavio Cavalli)

Introducción
Todos y cada uno de los ciudadanos conocen, en mayor o menor medida, el procedimiento estatal ante la comisión de un delito: policía, fiscalía, jueces de toda la cadena hasta llegar al más alto tribunal, con las limitaciones procesales que regulan las leyes.
Ahora bien, ¿es este el único medio para solucionar la delincuencia o los delitos, ya sea en nuestro país o en el extranjero, o existe alguna otra alternativa, así como sucede en otras ramas del derecho, como el civil, comercial y laboral?
Una alternativa para solucionar determinados delitos es la llamada “mediación penal”.
El procedimiento habitual indica que el Estado interviene intermediario y castigador del culpable desconociendo, muchas veces, que son los particulares los afectados y que puede depender de éstos su solución alternativa y conciliadora.
Víctima y victimario podrán de esta manera encontrarse y negociar las posibles consecuencias de los conflictos, delitos, disminuyendo la injerencia estatal y en ella la gran dosis de violencia por parte de sus agentes.
La protección de los bienes sociales jurídicamente afectados está confiada al Estado, postergando a la víctima a un papel de denunciador y de allí en adelante conservar el rol de peticionante de castigo y reparación sin trascendencia social. Ello a diferencia de un proceso civil en el que el demandante y demandado se comunican en el juicio y en general los resultados son más equitativos y satisfactorios.

El Derecho Penal y la Víctima
Una de las características fundamentales del sistema penal actual es la atribución de la persecución penal en exclusividad al Estado, diferenciándose en ello de lo que sucede con las otras ramas del derecho en las que el servicio de justicia se limita a decidir respecto de un conflicto que se plantea entre partes, ya que el Derecho Penal es el derecho Público por excelencia.
El Estado al hacerse cargo totalmente del poder penal, tomó en sus manos el elemento más poderoso en materia de control social.
La víctima real y concreta, si bien es introducida por medio de diversas figuras al proceso penal, muchas veces no es contemplada en atención a sus necesidades particulares, y se privilegia el bien común social o la paz social, lo cual es acertado, pero insuficiente.
El delito deja de tener significado como conflicto y pasa a ser considerado infracción, una desobediencia al soberano que debe ser castigada para restablecer su autoridad y disuadir a otros de conductas similares, adquiriendo el Derecho Penal su objetivo trascendental, el cual no es punir, sino persuadir a otros de no delinquir y así lograr la prevención delictiva, fin último del derecho penal.
Este sistema convierte a la víctima de delito en un No sujeto de derecho. Eso hace que hoy esté en amplio debate la relación Estado/ víctima de delito y de qué modo ésta debe modificarse para establecer un marco jurídico de verdadero respeto por sus derechos, que vaya más allá de la expresión retórica y se concrete en la vigencia de instituciones que le den real valor a la expresión de su voluntad dentro del proceso penal.

El Derecho Penal y la solución del Conflicto
El fracaso del derecho penal en dar una respuesta adecuada a los casos que se le plantean se debe en gran medida a la rigidez de la respuesta que está habilitado para dar.
El principio de legalidad y la inexistencia de soluciones alternativas que permitan despenalizar situaciones que no ameritan la coerción penal, anquilosan este sistema que - como señala ZAFFARONI- es la única coerción jurídica que no busca la reparación.
Para mencionar algunas de las “fallas” del sistema penal vale señalar:

· El Derecho penal está para regular las normas básicas de convivencia social. Sin embargo, muchos de los hechos hoy calificados como delitos no responden a esta premisa y consecuentemente el conflicto que se genera a partir de ellos podría ser solucionado por otras ramas del ordenamiento jurídico.
· El fenómeno de la “cifra negra” (delitos que no se denuncian), muchas veces se debe a razones culturales que hacen que en una sociedad o una región determinada, ciertos hechos no se denuncien por considerarlos “triviales” o por entender que la respuesta adecuada no será la imposición de una pena. Este es uno de los modos en que la víctima expresa su voluntad, pero también su desconfianza en el sistema penal estatal. Por el contrario, se denuncian hechos esperando que este sistema dé una respuesta que no es la que le es propia. Esto se ve muy claro en las usurpaciones, donde lo que busca el denunciante es que se le restituya su propiedad y poco le importa que luego el infractor sea condenado o cumpla una pena.
· Dada la complejidad de las interacciones que existen en la trama social, hay infinidad de situaciones litigiosas que se encuentran en una zona límite difusa; hechos en los que no está claro que la conducta desplegada caiga bajo una sanción penal o donde la ausencia de pruebas anticipa el fracaso inexorable del proceso penal. En estas situaciones, si la víctima acude al sistema y realiza una denuncia, una vez ingresado en la maquinaria judicial, su problema será procesado en forma totalmente inadecuada y terminará simplemente siendo expulsado (archivado, reservado, desestimado, prescripto) sin que la persona afectada haya logrado ninguna respuesta.
· Sabemos también que un número mínimo de casos llega a juicio y que muchas veces ni siquiera son los más relevantes o los de mayor repercusión social, dado el método de selección al azar a que ha ido llevando el criterio de legalidad. En este esquema, tiene más probabilidades de llegar rápidamente a juicio un hurto en flagrancia que un grave homicidio. No hablemos de los delitos contra la administración pública o estafas con algún grado de complejidad, cuyo destino más seguro es la prescripción.
· Este tipo de situaciones, reiteradas a diario, provocan una sensación de frustración en la víctima y de impunidad en toda de la comunidad que ha llevado progresivamente al desprestigio y a la deslegitimación del sistema y de la justicia penal. Una más rigurosa medición de la criminalidad, mejor conocimiento de la “cifra negra”, así como un mayor acercamiento a la interacción víctima- victimario –y en esto han sido muy importantes los aportes realizados por la victimología- han llevado a pensar y aceptar nuevas formas de resolución del conflicto que surge del fenómeno delictual, como la mediación y la conciliación.

Mediación y conciliación. Nuevas formas de resolver el conflicto penal
Son numerosas las ocasiones en las cuales las víctimas sienten que no han obtenido una respuesta acorde con el incremento de la criminalidad y, más importante aún, acorde con el delito sufrido.
Cuando se producen situaciones de esta naturaleza, es frecuente que se produzcan determinadas reacciones sociales tendientes a obtener el aumento de las penas, creyendo que por medio de este método se obtienen mayores resultados, o directamente, toman la decisión de impartir justicia por mano propia, produciendo así una involución en el sistema penal, retornando a la “vindicta”.
No obstante, prestar atención a la víctima no es una cuestión de invertir los términos concluyendo que, a mayor atención a la víctima, más represión para el delincuente.
Es preciso reconocer que un sistema penal a la altura de los tiempos que corren, tiene que tener en cuenta tres elementos: autor, víctima y comunidad para lograr la paz social. Es en este marco que se acepta la reparación como un modo alternativo a la pena para lograr la solución del conflicto generado por el delito. Este concepto también puede verse acompañado por un ordenamiento de la Víctima, en el que se amparen las diversas situaciones posibles a enfrentar para disminuir los efectos delictivos.
En gran medida es por eso que la idea de reparación a las víctimas se ha ido extendiendo internacionalmente, tanto dentro del Derecho Penal al incluirse como sanción o junto a ella; como con el objeto de hacer retroceder al Derecho penal a través la conciliación víctima- delincuente, en una etapa prejudicial.
Si bien la conciliación y la mediación penal arrancan del movimiento en torno a la atención y preocupación por la víctima del delito, se han ido diferenciando de éste y hoy apuntan a establecer un proceso dinámico interactivo entre víctima y delincuente, que logre una respuesta diferente que resulte satisfactoria para ambos.
Todo indica que en este siglo XXI, las sanciones penales tradicionales sólo se aplicarán cuando fracase la reconstrucción de la paz social por la vía de la reparación y quedarán reservadas para aquellos casos que por su gravedad e impacto social, afecten el interés público.
La intervención de la víctima en la resolución del conflicto del cual fue co-protagonista, no pretende volver a la venganza ni es una privatización del sistema. Simplemente, se abre una tercera vía, la de la reparación y se ha comprobado que esta reparación contribuye en gran medida a una mejora del clima social.
Ahora bien, nos hemos adentrado en el campo penal, siendo este uno de los aspectos de la mediación penal, pero analicemos ahora la mediación. Definimos a la mediación como un proceso para solucionar los conflictos con la ayuda de una tercera parte neutral, un mediador que facilita la comunicación entre las partes, lo cual permite que las personas en conflicto expongan su problema en la mesa de negociaciones de la mediación y de esa manera puedan acordar sus diferencias de forma coordinada y cooperando, la mediación no juzga. La meta no es determinar la culpabilidad o inocencia sino arreglar sus diferencias constructivamente.

Características de la mediación penal:
Las características propias de la mediación penal son las siguientes:

1.- Inexistencia de relación previa: en principio, aunque no siempre, ocurre entre extraños que no tienen relación previa.
2. Desequilibrio de poder: es habitual el desequilibrio de poder inherente a la relación víctima-victimario: hay una persona perjudicada y un infractor.
3. Reuniones preliminares separadas: estas reuniones se realizan separadas a fin de explicitar el procedimiento, obtener credibilidad y asistirlos en prepararse para el encuentro frente a frente. En definitiva se busca crear alianzas y una relación de confianza de ambos partícipes con el mediador antes de tener la reunión conjunta para lograr una mejor comunicación y que disminuyan las sesiones separadas una vez comenzada la misma.

4. Modo de estar en disputa: La cuestión de la inocencia o culpabilidad no se media ni hay espectativas de que las víctimas del delito acuerden por menos de lo que necesitan para enjugar sus perdidas.-
5.- Acento en el diálogo y la empatía: La investigación llevada a cabo ha demostrado que los acuerdos de restitución son menos importantes para la víctimas de delitos que la oportunidad de hablar directamente con el ofensor para explicar como se sintieron en relación al crimen.
6.-Neutralidad- Imparcialidad: se ve morigerada en este caso en función de la particular situación de una de las partes que en este caso es la víctima.
7.- Confidencialidad: toda la información obtenida por los mediadores se mantendrá en forma confidencial no pudiendo revelarla a terceras personas ajenas al ámbito de la mediación, para cumplir con dicho compromiso se firmará un acuerdo.-
8.- Voluntariedad: Las partes deben acceder y continuar en el proceso libremente y habiendo el ofensor comprendido la acción delictiva.

DESARROLLO DEL SISTEMA DE MEDIACION PENAL:
Dentro del modelo tradicional de mediación víctima-victimario puede resumirse el procedimiento del siguiente modo:

a.- Fase de admisión: Tiene por objeto identificar que casos son apropiados para la mediación víctima-victimario. La víctima tiene que estar dispuesta a participar y enfrentar la situación estableciendo un vínculo con el autor del hecho y el victimario tiene que ser una persona susceptible de rehabilitación. Debe existir cierto marco de seguridad para la víctima.
b.- Fase de preparación de la mediación: el trabajo preparatorio puede ser arduo y llevar varias sesiones de pre-mediación a fin de que cada uno piense, explore sus sentimientos y sepa que va a querer decir cuando este frente al otro; se tiende a lograr que los participantes entiendan el sentido de hacerse cargo y a tomar responsabilidades.
c.- Fase de Mediación: es el momento del enfrentamiento cara a cara y es crucial para determinar si es conveniente completar el intento propuesto, ya que en los programas que reciben derivación de los jueces el acuerdo pasa a formar parte del expediente al integrar los registros oficiales del tribunal, el encuentro se lleva a cabo en un lugar neutral donde se sientan cómodos los intervinientes y luego de haber logrado la confianza y legitimación suficiente la mediación se llevara a cabo en reuniones conjuntas. En esta fase se concluye con acuerdo o no, en el primer caso el contenido del compromiso puede ser variado, asi puede consistir en pago en dinero a la víctima, trabajo efectuado por el infractor en su favor, trabajo para una institución de caridad, inscripción del infractor en un programa de tratamiento, etc. Debe atenderse para ello a la situación de la víctima y la evaluación del victimario, su situación social y personal. En definitiva el acuerdo se instrumenta teniendo en cuenta los intereses y requerimientos de la víctima y las posibilidades reparatorias del infractor, pues se trata de arribar a soluciones realista y cumplibles.-
d. Fase de Seguimiento: Cuando se arriba a un acuerdo se realiza un seguimiento posterior que tiene por objeto no solo el control de cumplimiento sino que refuerza la responsabilidad de quien debe dar cuenta de lo hecho, humaniza más aún el proceso , permite la renegociación si existen problemas posteriores, da oportunidad de reconciliación, etc. Si el infractor no cumple con lo establecido en el acuerdo el magistrado interviniente puede imponer la sanción penal la cual se evaluara según el caso y el estado del proceso criminal en que se halla efectuado la derivación, pudiendo estar o no determinada previamente.-

VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LA MEDIACION PENAL.

VENTAJAS PARA LA VICTIMA:
- La posibilidad de que el infractor rectifique en la medida de lo posible que sea a la vez valiosa para la víctima.-
- La oportunidad para confrontar al autor con el verdadero impacto humano de la ofensa y a la vez para que la víctima exprese sus pensamientos y sentimientos al víctimario.
- La opción de pedir y recibir una disculpa.-
- El motivo para ser visto como persona en lugar de cómo blanco para el ataque.
- El espacio para convertir al victimario en personalmente responsable ante la víctima.
- La mayor probabilidad de la que indemnización se pague efectivamente.-
- Un remedio para sentir que se ha hecho justicia.-
- El medio de alcanzar un modo de conclusión que le traerá paz al ánimo.-

VENTAJAS PARA LOS VICTIMARIOS.-
- La oportunidad para enmendarse y rectificar significativamente el mal infligido en vez de resultar meramente castigado.
- La posibilidad de participar en la decisión sobre que indemnización o que modo de restauración se brindará a la victima y de negociar un acuerdo de restitución y factible de cumplir.
- En casos apropiados, cuando el victimario no es peligroso a la comunidad la única oportunidad de evitar la persecución penal, el prontuario criminal o el encarcelamiento a cambio de rectificar el agravio a la víctima.-

VENTAJAS PARA LA COMUNIDAD.
- La disminución del impacto de la delincuencia al aumentar la reparación de pérdidas.
- La reducción de la incidencia del crimen repetitivo a través de la comprensión de los victimarios acerca de lo que significa haber lastimado a una persona.-
- El otorgamiento de un marco apropiado para mantener la paz en la comunidad en situaciones en que la ofensa se constituye en parte de una relación interpersonal de conflictividad continuada o en que es probable que la víctima y el victimario vuelvan a tener contacto en el futuro.

VENTAJAS PARA EL SISTEMA JUDICIAL.
- La importante disminución del tiempo que generalmente requiere procesar las ofensas penales dentro del sistema adversarial tradicional.
- El incremento de la comprensión y sentido de pertenencia de la comunidad respecto de sus sistema de justicia criminal o juvenil, como resultado del compromiso y participación de víctimas y voluntarios.
- La justitia restitutiva traslada a la justicia de una ofensa contra una entidad abstracta como el estado, hacia un completo encuentro humano entre la víctima, el victimario y la comunidad, de tal modo que las características significativas de la experiencia criminal puedan ser tratadas y asumidas adecuadamente.

LIMITACIONES DE LA MEDIACION VICTIMA-VICTIMARIO.-
La mediación no es apta para todas las víctimas y todos los infractores.
No esta destinada a solucionar masivamente la reincidencia, aunque algunos estudios muestran resultados positivos.
Requiere el adecuado entrenamiento de los mediadores, ya que deben tener clara conciencia de las consideraciones éticas y legales implicadas en la mediación de casos criminales, en virtud de los fuertes sentimientos referidos a la necesidad de castigar a los individuos que violan las leyes penales.-

MEDIACION PENAL EN EL SISTEMA ARGENTINO.-

Elementos del sistema que conspiran contra la implementación de la mediación penal.-
Existen algunas brechas en la interpretación del sistema legal que permiten abrigar esperanzas de cambio, sin embargo un sistema como el nuestro , basados en la legalidad y la confiscación estatal del conflicto de la víctima conduce a dejar a las cuestiones penales al margen del ámbito de la mediación.-

Elementos del sistema que favorecen la implementación de la mediación penal.-
Parece claro que la legislación penal actual tiende a que se logre un mayor protagonismo de la víctima tanto en la iniciación como en el desarrollo del proceso penal.
Dada la disponibilidad del titular de los delitos de acción privada estimamos que la mediación puede tener incidencia positiva.-
En cambio en el terreno de los delitos de acción pública, el principio de legalidad impide que, si la víctima y el victimario recomponen la relación en el marco de la mediación, ello tenga incidencia alguna en la cuestión penal, sin embargo, los efectos penales de la mediación pueden ser importantes en aspectos que hacen a la pena como la condenación condicional, la determinación de las medidas y la suspensión de la pena.
Elena Highton opina que la suspensión del procedimiento a prueba, es posiblemente el mecanismo más efectivo para la participación de la víctima, pues el estado renuncia a la investigación en aplicación del principio de oportunidad, suspendiéndose el ejercicio de la acción penal, momento en el cual seria importante que se efectuara una mediación penal positiva, ya que tendría efectos jurídicos concretos en la pretensión punitiva. Así la mediación no solo conviene a la pacificación en cuanto resuelve el conflicto de manera no adversarial, sino que también se convierte en un instrumento valioso para diversos resortes del sistema penal, tales como la determinación de la pena, su suspensión o la suspensión misma del proceso.-

MEDIACION PENAL EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
En la Provincia de Buenos Aires con la modificación del Código de Procedimiento Penal por medio de la ley 11.922 y modificatorias y la ley 12.061 de Ministerio Público encuentra la mediación penal por primera vez un marco legal.
El artículo 86 del C.P.P. establece que en oportunidad de ser ejercida la acción penal, se tendrá en cuenta el arrepentimiento activo de quien aparezca como autor y la reparación voluntaria del daño, la solución o morigeración del conflicto originario o la conciliación entre sus protagonistas.
La ley 12.061 prevé en su artículo 38 que el Ministerio Público propiciará y proveerá la utilización de todos los mecanismos de mediación y conciliación, que permitan la solución pacífica de los conflictos. Y el artículo 45 señala que el área social comprende entre otras la actividad de mediación y asistencia a la víctima.
Actualmente, la Mediación Penal se encuentra legislada en la Provincia de Buenos Aires a partir de la ley 13.433, sancionada el 21 de Diciembre de 2.005, promulgada el 9 de enero de 2.006 y publicada el 19 de enero del mismo año.
La presente ley establece un régimen de Resolución Alternativa de Conflictos, en virtud de lo dispuesto por los arts. 38 y 45 inc. 3 de la ley 12.061 (Ley Orgánica del Ministerio Público, formas de Conciliación y creación de la Oficina de Mediación), arts. 56 bis, 86 y 87 del CPPBA (referentes a criterios especiales de archivo, situación de la víctima y acuerdos patrimoniales, respectivamente).
Se establece como finalidad que el Ministerio Público utilizará dentro de los mecanismos de resolución de conflictos, la mediación y la conciliación a los fines de pacificar el conflicto, procurar la reconciliación entre las partes, posibilitar la reparación voluntaria del daño causado, evitar la revictimación, promover la auto composición en un marco jurisdiccional y con pleno respeto de las garantías constitucionales, neutralizando a su vez, los prejuicios derivados del proceso penal.
En relación a los principios del procedimiento, el mismo se rige por los principios de voluntariedad, confidencialidad, celeridad, informalidad, gratuidad, y neutralidad o imparcialidad de los mediadores. Siempre será necesario el expreso consentimiento de la víctima.
En cuanto al órgano encargado, serán las Oficinas de resolución Alternativa de Conflictos Departamentales, dependientes del Ministerio Público.
Cada oficina contará con un equipo técnico conformado, como mínimo, con un abogado, un psicólogo y un trabajador social, todos ellos especializados en métodos alternativos de resolución de conflictos.
La oficina estará a cargo de uno de los abogados, miembros del equipo, designado a propuesta del fiscal general.
Analicemos ahora los casos en los cuales procede la mediación penal. La Oficina de resolución Alternativa de Conflictos departamental deberá tomar intervención en cada caso en que los Agentes Fiscales deriven una Investigación Penal Preparatoria, siempre que se trate de causas correccionales.
Sin perjuicio de lo anterior, se consideran casos especialmente susceptibles de sometimiento al presente régimen:
a) Causas vinculadas con hechos suscitados por motivos de familia, convivencia o vecindad.
b) Causas cuyo conflicto es de contenido patrimonial.
En caso de causas en las que concurran delitos, podrán tramitarse por el presente procedimiento, siempre que la pena máxima no excediese de seis años.
No procederá el trámite de la mediación penal en aquellas causas que:
a) La o las víctimas fueran personas menores de edad, con excepción de las seguidas en orden a las leyes 13.944 y 24.270. (Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar; Impedimento del contacto de los hijos menores con sus padres.)
b) Los imputados sean funcionarios públicos, siempre que los hechos denunciados hayan sido cometidos en ejercicio o en ocasión de la función pública.
c) Causas dolosas relativas a delitos previstos en el Libro Segundo del Código Penal, tít. 1 (cap. 1 - Delitos contra la vida); tít. 3 (Delitos contra la integridad sexual); tít. 6 (cap.2-Robo), d) Tít. 10 Delitos contra los Poderes Públicos y el orden constitucional.
No se admitirá una nueva mediación penal respecto de quien hubiese incumplido un acuerdo en un trámite anterior, o no haya transcurrido un mínimo de cinco años de la firma de un acuerdo de resolución alternativa de conflictos penal en otra investigación.
A los fines de garantizar la igualdad ante la ley, el Ministerio Público deberá arbitrar mecanismos tendientes a unificar el criterio de aplicación del presente régimen.

Procedimiento
El procedimiento de resolución alternativa de conflicto podrá ser requerido por el Agente Fiscal que intervenga en la Investigación Penal Preparatoria, de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes o de la víctima ante la Unidad Funcional. El régimen de la presente ley será aplicable hasta el inicio del debate.
El Agente Fiscal evaluará si corresponde remitir la solicitud a la Oficina de resolución Alternativa de Conflictos. Asimismo, apreciará en el caso que sea a pedido de parte o de la víctima, si la solicitud se encuentra encuadrada en los parámetros del Art. 6, a fin de remitir la denuncia a la Oficina de resolución Alternativa de Conflictos departamental, previa constatación de los domicilios de las partes.
En caso que el Agente Fiscal entienda prima facie, que el hecho atribuido no encuadra en una figura legal o medie causa de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad o una excusa absolutoria, no dará curso a la solicitud y se resolverá en el trámite correspondiente a la Investigación Penal Preparatoria.
La Oficina de resolución Alternativa de Conflictos departamental deberá citar a las partes, invitándolas a una primera reunión, mediante cualquier medio fehaciente, debiéndoles hacer saber el carácter voluntario del trámite y el derecho a concurrir con asistencia letrada.
En caso de incomparecencia de alguna de las partes, la Oficina invitará a concurrir a una segunda reunión, en los mismos términos.
En caso que alguna o todas las partes no concurran a las reuniones fijadas, o de hacerlo, manifiesten su desistimiento al presente procedimiento, el trámite se dará por concluido, labrándose un acta, en la que constará las circunstancias de las notificaciones y la presencia de la parte que haya concurrido, elevándose la misma al Agente Fiscal correspondiente a fin de que continúe el trámite de la Investigación Penal Preparatoria.
Las partes asistirán a las reuniones personalmente, no pudiendo hacerlo mediante apoderado. En caso de que ellas no concurran con asistencia letrada, la Oficina de resolución Alternativa de Conflictos solicitará la asistencia letrada oficial para el imputado y la víctima.
Ambas partes tendrán derecho a entrevistarse con sus respectivos abogados antes de comenzar las reuniones.
Previo al comienzo de las reuniones entre las partes, el funcionario a cargo de la resolución del conflicto deberá requerir a la Oficina de Mediación, un informe acerca de los trámites de resolución alternativa de conflictos en los que participe o haya participado el denunciado.
En los casos en que existan en curso otros trámites de resolución alternativa de conflicto en que intervengan ambas partes, podrán unificarse, cuando ello no perjudique la posibilidad de arribar un acuerdo.
Las reuniones con las partes podrán ser privadas o conjuntas. Las mismas se realizarán en dependencias de las Oficina de resolución Alternativa de Conflictos departamental pudiendo realizarse en otros ámbitos destinados a tal fin por la Oficina de resolución Alternativa de Conflictos.
Será obligatoria la notificación de las audiencias al defensor particular y al Defensor oficial según corresponda.
Al inicio de la primera reunión el funcionario a cargo del trámite deberá informar a las partes detalladamente el procedimiento que se llevará a cabo y la voluntariedad del mismo. De contar con el consentimiento de las partes y previo a abordar el conflicto, se suscribirá un convenio de confidencialidad.
Durante las reuniones el funcionario interviniente tendrá amplias facultades para sesionar, cuidando de no favorecer con su conducta a una de las partes y de no violar el deber de confidencialidad. Las mismas se sustanciarán de manera informal y oralmente; se labrarán actas de las entrevistas, rubricadas por los intervinientes y el funcionario a cargo.
Cuando el funcionario interviniente considere necesaria la participación en el trámite de alguno o algunos de los Integrantes del equipo técnico, lo hará saber a las partes y se lo invitará a participar en el mismo.
En caso de arribarse a un acuerdo en el que ambas partes encuentren satisfechos sus intereses, se labrará un acta, en la que se dejará constancia de los alcances del mismo, número de la Investigación Penal Preparatoria que diera origen a la misma, de las firmas de las partes, de los letrados patrocinantes y del funcionario interviniente. Asimismo se dejará constancia que el alcance del acuerdo no implicará la asunción de culpabilidad para los reclamos pecuniarios, salvo pacto expreso en contrario.
No podrá dejarse constancia de manifestaciones de las partes.
En caso de no arribarse a un acuerdo, se labrará un acta con copia para las partes y otra para incorporar al expediente de la Investigación Penal Preparatoria.
En el plazo de diez (10) días de firmado el acuerdo o de concluir el trámite por no arribar al mismo, el funcionario interviniente deberá notificarlo al Agente Fiscal que haya intervenido en la Investigación Penal Preparatoria y a la Oficina de resolución Alternativa de Conflictos, debiéndose acompañar copia del acta respectiva.
El plazo para el procedimiento será de sesenta (60) días corridos a contar desde la primera reunión realizada. Dicho plazo podrá ser prorrogado por treinta (30) días más, mediante acuerdo entre las partes.



Efectos de la Mediación Penal
En aquellos acuerdos en que las partes hayan dado enteramente por satisfechas sus pretensiones, el Agente Fiscal mediante despacho simple, procederá al archivo de las actuaciones. Para los casos en que se pacte alguna obligación para las partes, la Investigación Penal Preparatoria se archivará sujeta a condiciones en la sede de la Oficina de resolución Alternativa de Conflictos a fin de que constate el cumplimiento o incumplimiento de las mismas. Verificado el cumplimiento, se remitirán las actuaciones al Agente Fiscal, quien procederá de la manera enunciada en el Párr. 1. En caso de comprobarse el incumplimiento de aquellas en el plazo acordado, se dejará constancia de dicha circunstancia, procediéndose al desarchivo de la Investigación Penal Preparatoria y a la continuación de su trámite.
En los casos en los que se arribe a un acuerdo, la Oficina de resolución Alternativa de Conflicto podrá disponer el control y seguimiento de lo pactado, pudiendo para ello solicitar colaboración a instituciones, públicas y privadas, la que no revestirá el carácter de obligatoria. Asimismo, en aquellos casos en los que se haya acordado algún tipo de tratamiento, terapia, participación en algún programa de rehabilitación, etc.; podrá derivar mediante oficio a las entidades públicas o privadas que presten ese servicio.
Por último, la ley establece la creación de la Oficina Central de Mediación de la Procuración General, la cual tendrá a su cargo la capacitación técnica de los agentes del Ministerio Público a los fines del cumplimiento de esta norma, la coordinación de la implementación de este sistema y la confección de estadísticas sobre la información que reciba de las diferentes oficinas departamentales. Asimismo, podrá mediante convenios incorporar al presente régimen a las Oficinas de resolución Alternativa de Conflictos existentes en otras instituciones públicas o privadas, siempre que su actuación quede bajo su supervisión y control.
Se establece además un Registro Único de Resoluciones Alternativas de Conflictos, donde deberán registrarse todos aquellos trámites iniciados, debiendo constar parte intervinientes, Unidad Funcional y número de Investigación Penal Preparatoria que diera origen al mismo y el arribo o no a un acuerdo entre las partes.
Los funcionarios entrevistadores actuarán bajo secreto profesional, por lo cual no podrán revelar ningún hecho a cuyo conocimiento hubieran accedido durante o en ocasión de su participación en este proceso, ni podrán ser citados a juicio por ninguna de las partes.

MEDIACION PENAL EN EL DERECHO COMPARADO.
Recomendaciones del Consejo de la comunidad europea.
Las formas de impartir justicia ágilmente preocupa desde fines de la década de los años 1980 al Consejo Europeo.
Se indica que el principio de oportunidad en y para el ejercicio de la acción penal, sea reglamentado y se adopte toda vez que existan elementos de convicción determinantes de la culpabilidad. Se hace hincapié sobre “la gravedad de la infracción, las circunstancias y consecuencias del hecho, la personalidad del sospechable, cuales podrían ser los efectos de una eventual condena, la situación de la víctima a la que se garante en toda ocasión el daño causado.
La referida recomendación invita a la Estados europeos a la adopción de la “transacción” para el caso de asuntos penales de escasa monta y mínima gravedad.
El Consejo europeo recomienda la adopción de otras medidas procesales siempre basadas en la posibilidad, cualquiera que fuese el delito de que la víctima asuma el rol de parte querellante según su voluntad y por el otro lado la facultad que se concede al juzgador en ciertas condiciones para la suspensión del proceso y aún de la sentencia.

ESTADOS UNIDOS:
Existe de antiguo en este país una admisión plena y amplia de lo que se denomina justicia pactada, negociada o transada entre el Ministerio Fiscal y el abogado de la defensa, previa al juicio. No solo se refiere a la criminalidad pequeña sino aquélla de mayor volumen que causa daño y alarma social. Una vez que se toma conocimiento de la imputación, cualquiera sea el delito se puede pedir para el imputado el pleading a fin de que se pronuncie su culpabilidad. Si se confiesa autor del delito opera el plea o respuesta de la defensa.
Comprobada la voluntariedad de la declaración se fija una fecha para la sentencia y en esa ocasión se aplica una pena reducida en razón del acuerdo entre las partes, no hay necesidad de proceso o de veredicto, si nada de esto ocurriese el juicio continúa con los actos procesales normales y entrará en acción el jurado.
Este sistema esta inspirado en el principio de oportunidad adoptado por Alemania, aunque en este país solamente para causas de insignificancia.

BRASIL:
En setiembre de 1995 se dictó la ley 9099 que introduce el principio de oportunidad. El Ministerio Público puede disponer de la acción pública que le compete en las hipótesis previstas de modo taxativo por la ley. Se trata de una discrecionalidad regulada y controlada por el juez. El Ministerio Público per se no puede decidir la renuncia frente a un delito de acción pública ni determinar el archivo del expediente

COSTA RICA:
Es importante el proceso de mediación en Comunidades aborígenes , habiéndolo llevado a la práctica en un tema relacionado a la ocupación de tierras, permitiendo a los costarricenses concluir existen formas simples de resolver conflictos por sobre la burocracia legal.
López Faura en su artículo de Mediación Penal con Menores Infractores publicado en La Ley ´Suplemento de Resolución de Conflictos´ del 18-09-99 en pág,14 dice que en Canadá, Inglaterra, España, Noruega y EE UU se vienen implementando hace años programas de mediación reparatoria entre víctimas e infractores con muy buen resultado en delitos leves, con adultos no reincidentes y menores. La Mediación Penal implica dar protagonismo a las partes para que un contexto distinto al del proceso puedan expresar cara a cara el alcance del daño sufrido, tanto material como moral y los sentimientos que acompañaron el acto. El autor del hecho cobra responsabilidad durante el proceso ya que aporta con su reconocimiento la asunción del actuar delictivo, la víctima verbaliza su situación en la mesa de mediación.


España:
Antonio Tula en La Ley Suplemento de Resolución de Conflictos de fecha 09-de abril de 1999 pág. 6 y 7 en su artículo Cataluña y la Mediación en Materia Penal de Menores dice: Los catalanes optaron por la mediación a fin de conciliar, instrumentando hacia ella todo el proceso. Se trata en general de niños de 12 y los 16 años de edad y se han implementado diversos programas que van desde el pedido de disculpas hasta la conciliación en sí, la reparación económica, trabajo o actividad concreta para el perjudicado y de orden comunitario. Se destaca la importancia que se advierte en el potencial preventivo y resocializador que opera en los adolescentes y la alta posibilidad de concreción de esas mediaciones incluso cuando la víctima es una entidad jurídica.-

RESULTADOS DE LA RESOLUCION DE CONFLICTOS VICTIMA-VICTIMARIO MEDIANTE MEDIACION EN OTROS PAISES.-
En primer lugar se determinó que la justicia restitutiva es una alternativa genuina y de sentido común a la respuesta retributiva. La idea reconciliatoria parte de que debe darse un peso igual a los intereses y necesidades de la víctimas, de los victimarios y de la comunidad, y que deben reafirmarse y reconstruirse las relaciones.
Algunos relevamientos realizados en programas que aplican esta justicia restitutiva (Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Japón y España), ofrecen los siguientes datos:
-El 60 % o mas de la víctimas a quienes se ofrece participar en una sesión de encuentro con el victimario, eligen hacerlo.-
-Los participantes experimentan que la mediación tiene el efecto de humanizar el y sistema de justicia en cuanto a la respuesta que ofrece en relación al crimen, tanto hacia las víctimas como hacia los infractores, especialmente juveniles.
-Más del 90 % de las mediaciones terminan con acuerdo escrito de restitución. En los programas juveniles de derivación policial, 57 % de los acuerdos se conforman por una explicación o disculpa; el 25 % involucra reparación material, generalmente indemnización y trabajo comunitario y raramente trabajo para la víctima.-
Mas del 90 % de los acuerdos de restitución se cumplen de conformidad a sus términos.- En los programas de British Columbia, Canadá, la tasa de cumplimiento de estos acuerdos ha llegado al 100 %.-
En encuestas posteriores a la mediación el 85 % de las víctimas y el 80 % de los victimarios dejó constancia de estar satisfecho con los resultados de las sesiones de Mediación y sentir que se había hecho justicia.-
La mayoría de las víctimas que tuvieron miedo a ser revictimizadas , antes de la mediación un 25 %, después de esta solo el 10 % permaneció con el temor de volver a ser víctima del mismo infractor.-
Las tasas de reincidencia son comunmente más bajas que en los casos criminales que han ido a prisión. Los infractores juveniles que participaron en el procedimiento de mediación cometieron subsiguientemente menor cantidad y hechos menos serios, en comparación con los ofensores similares que fueron tratados dentro del sistema de justicia juvenil tradicional. Así en Cataluña, España, solo el 9 % reincidió, o se que no reincidieron un 91 % de los jóvenes infractores que participan del programa.
Los infractores ven a la mediación tan exigente como otras opciones constitutivas de respuesta de los tribunales a la conducta delictiva y algunos la consideran más trabajosa que la de aparecer ante los tribunales, lo cual se adecua a la noción de responsabilidad por su conducta.-
El proceso de mediación tiene fuerte apoyo de jueces y oficiales del sistema de justicia criminal y esta cada vez más institucionalizado en materia juvenil.